“Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aún más la imagen y la reputación de las instituciones públicas españolas, ya bastante menoscabada por la crisis”, afirma Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe, que tendrá que pagar 3.000 euros por preguntar cuáles son las medidas que España está implementando para luchar contra la corrupción. “Según la sentencia del Tribunal Supremo que cierra el caso que comenzó en 2007, no tenemos derecho a solicitar esa información”, ha denunciado esta ong en un comunicado.
Un estudio internacional titulado “Cuenten lo que han hecho” y publicado en 2011, elogió a países como Argentina, Armenia, Chile, Colombia, o Reino Unido porque entregaban al público la información sobre la implementación de medidas anticorrupción que Access Info Europe intentaba conseguir en 2007 para poder participar en el debate público sobre la lucha contra corrupción en España. Este país sigue siendo el único de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esta situación también coloca a España en la lista de incumplidores de la UNCAC que recoge en su artículo 13 la necesidad de “garantizar el acceso eficaz del público a la información”.
“El problema es que la Administración no llega a contestar a Access Info Europe, lo que obliga a la organización a acudir a la vía judicial, una vía lenta y costosa para todos pero especialmente las ONG, para poder seguir con su trabajo”, comenta Enrique Jaramillo, abogado defensor de Access Info Europe en este caso.
“El Tribunal Supremo reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo, y condena en costas a quien reclama amparo judicial con una sentencia que ni siquiera entra en el fondo del asunto”, explica Jaramillo, y añade que “el riesgo de tener que pagar costas es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud de información.”
Según los estudios y monitoreos que Access Info ha desarrollado desde 2006 en España, el nivel de silencio administrativo en la solicitudes de acceso a la información a instituciones españolas es de media de un 50%. España, en el marco de sus obligaciones como país firmante de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), debe completar cada dos años un formulario de autoevaluación en el que detalla qué está haciendo para implementar las medidas para luchar contra la corrupción. Esta información en España no es pública.
“Esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la transparencia, en concreto para luchar contra la corrupción” comenta Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe. que ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y recurrirá esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Fuente: Access-Info
